El Ministerio de Relaciones Exteriores es el encargado de recibir y tramitar las solicitudes de extradición en Colombia, así como de enviar las solicitudes de extradición a otros países.
Debido a los elementos anteriores es imprescindible contratar a un abogado ante esta situación pues a pesar de su regulación generalizada esto puede variar de un Estado a otro, ya que algunas sustancias pueden ser consideradas legales mientras que de otras solo se penaliza ciertas cantidades y por tanto se necesita la ayuda de un especialista que pueda manejar adecuadamente esta situación.
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A veces se dificulta acceder a un abogado defensor para un caso de narcotráfico, máxime cuando no se busca solo la disponibilidad, sino la calidad en la defensa. Esto tiene su explicación, la cual es siempre bueno conocer, sobre todo para los destinatarios de estas líneas, personas potencialmente en busca de un buen abogado de narcos.
La STC 21/2018, de five de marzo de 2018, Recurso de amparo 3766/2016, versa sobre varios detenidos por estar implicados en una reyerta. Uno de los letrados de los detenidos previamente a la declaración solicitó al teacher del atestado la posibilidad de tener acceso al mismo, no accediendo a ello la Policía. Inmediatamente a la finalización de la misma, el abogado requirió en impreso formalizado el procedimiento de Habeas Corpus. Dicha solicitud fue informada en sentido desfavorable por el MF entendiendo este que se habían cumplido las formalidades legales tanto en cuanto a la causa que la justificaba (artículos 490 y 492 de la LECrim.) como a la información de derechos al detenido. El Juez de guardia dictó Auto por el que denegó la incoación de procedimiento de Habeas Corpus por entender que “el presente caso no puede encuadrarse en ninguno de los apartados del citado artículo 1”.
Esto les permite entender los procedimientos y leyes aplicables en el país requirente, lo que puede ser de gran ayuda para defender los derechos del cliente.
Establece disposiciones para la identificación temprana de factores de riesgo, la promoción de la salud, la atención integral a las personas afectadas por el consumo de drogas y la cooperación interinstitucional en la lucha contra el tráfico de estupefacientes.
“Los documentos y, si procede, fotografías y grabaciones de sonido o de vídeo, que resulten fundamentales para impugnar de forma efectiva la legalidad de la detención o privación de libertad de una persona sospechosa o acusada, con arreglo a la legislación nacional, deben ponerse a disposición de ésta o de su abogado a más tardar antes del momento en que una autoridad judicial competente deba decidir sobre la legalidad de la detención…”.
Cuando la extradición es aprobada, Colombia y México han acordado distribuir lo concerniente a entrega del reo de la siguiente manera:
Por lo tanto, es basic contar con abogados expertos en extradiciones de Costa Rica a los Estados Unidos durante todo el proceso de extradición.
En este artworkículo, exploraremos en detalle las leyes que regulan y sancionan el tráfico de estupefacientes en Colombia, proporcionando una visión completa de este delito y sus implicaciones legales.
Retomando el tema de los llamados “países sin extradición”, es necesario dejar claro que haberse trasladado a alguno de ellos no constituye para el acusado por narcotráfico una garantía absoluta de que no será sometido al rigor de la Ley. El apelativo “sin extradición” hace referencia a países que no tienes suscritos tratados o convenios de extradición, que es el instrumento de alcance internacional más comúnmente utilizado para ello, y en virtud del cual los Estados signatarios se obligan recíprocamente, y establecen las bases comunes sobre las cuales se resolverán las peticiones de extradición que se entablen here entre ambos.
La capacidad de un abogado para asumir casos de narcos detenidos se aprecia a partir de cualificación en cuanto al dominio de este tipo de delitos, desde el punto de vista técnico-jurídico.
Los cambios también buscaban dar mayor responsabilidad a los llamados agentes residentes de esas sociedades —los abogados o firmas forenses— con el objetivo de que el país pueda responder a solicitudes de asistencia, tanto nacional como de otras jurisdicciones, sobre cualquier investigación.